Consumidores y usuarios son, por definición, personas vulnerables en el contexto de las relaciones de mercado donde es evidente la disparidad de fuerzas con relación a las empresas.

Pero además de lo anterior, existen enormes sectores de la población que directamente no acceden al mercado, que no cuentan con los medios indispensables para lograr condiciones dignas de vida y de desarrollo familiar.

Este último es un fenómeno que habitualmente es caracterizado como “estructural”, puesto que viene de muchos años de arrastre, pero que en el contexto actual de emergencia sanitaria y aislamiento se ha profundizado quedando al descubierto como nunca antes.

Así lo ha reconocido recientemente la CorteIDH al emitir la Resolución N° 01/20 mediante la cual recomienda a los Estados de la región abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde un enfoque de derechos humanos.

Por eso es de enorme relevancia ubicar a los vínculos que se conocen como “relaciones de consumo” en ese gran escenario social, comprensivo de las relaciones de mercado pero no limitado a ellas, del cual nuestra Constitución Nacional se ha ocupado en los artículos 42 y 43.

Partiendo de la anterior premisa, encontramos una directa vinculación de los derechos de consumidores y usuarios enunciados en esos preceptos constitucionales, con los instrumentos de Derechos Humanos que también se ocupan de garantizar condiciones de trato equitativo y digno y el acceso a bienes y prestaciones vitales como son la educación, la información, la salud y los servicios esenciales.

En ese escenario, el acceso a internet y a una conectividad de calidad y asequible, adquieren también naturaleza esencial, puesto que hoy más que nunca su disponibilidad es la condición necesaria para el disfrute de otros derechos relacionados con la dignidad de las personas y las familias.

En la Resolución 01/02 de la CorteIDH que mencionamos antes, expresamente se reconoce el “rol crítico” del acceso universal a Internet entre otros derechos relacionados con las “necesidades básicas de la población”, recomendándole a los Estados Americanos que garanticen “el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos”.

El acceso a internet en perspectiva de derechos humanos, es un “derecho puente” que, como el de acceso a la justicia u otros derechos instrumentales, son imprescindibles para el disfrute de derechos vinculados con el desarrollo en plenitud de las personas.

Hoy, consumidores y usuarios sin conectividad no pueden acceder a la educación, a la información, a la salud o a otras prestaciones esenciales relacionadas con su vida cotidiana, como hacer las compras en el supermercado, reunirse con familiares a través de plataformas de videoconferencia, pagar impuestos y servicios, acceder a servicios bancarios, etc.

Ahora bien, esta realidad nos coloca frente a grandes desafíos y dificultades que enfrentamos como sociedad, y también exige del compromiso de los distintos actores institucionales, en mi caso como legislador nacional, que tengo la responsabilidad, y la posibilidad, de intervenir en pos del bienestar de la ciudadanía.

×

Hola!

Haz click en el cuadro de abajo y estaremos contigo en un instante o envíanos un correo a info@oyarcecapital.com

×