La pandemia del COVID-19 tendrá muchas repercusiones económicas y sociales, entre ellas la necesidad de recurrir a la tecnología para casi todas nuestras interacciones, lo que pasará factura sobre nuestra privacidad, pues su uso implica la entrega de información personal, que puede después ser usada, incluso con fines electorales.

Así lo señaló Pedro José Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al participar en el ciclo de videoconferencias “Diálogo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Vaca Villarreal sostuvo que actualmente no hay derecho humano cuyo ejercicio no pase por el uso de la tecnología, y que la pandemia reveló de golpe esa realidad.

Explicó que la relatoría a su cargo atiende la libre expresión no sólo como los derechos de prensa y publicación, sino también en sus vertientes de protección a periodistas, desinformación, acceso a la tecnología, protección de datos personales y acceso a la información, entre otros tópicos.

Afirmó que “la pandemia nos pilló sin tener mucha idea de cómo atenderla, sobre todo en sus impactos en la vida social”.

Dijo, por ejemplo, que ante la contingencia sanitaria, el Poder Ejecutivo en todos los países de la zona se ha vuelto más grande, para asumir las facultades extraordinarias necesarias para combatir la pandemia, en tanto que los poderes Legislativo y Judicial enfrentan problemas hasta para poder reunirse presencialmente.

El relator de la CIDH abundó que la pandemia, y las obligadas clases en línea, han llevado a niños, niñas y adolescentes a la hipertecnologización, revelando también la desigualdad de la población que tiene un déficit de alfabetización digital.

Ante estas condiciones, Vaca Villareal, afirmó que “el mejor periodismo está pasando ahora mismo, pero en medio de tanto ruido no se ve”, y señaló que el combate a las fakenews se encuentra en los principios éticos de los medios, pero también en el criterio de las audiencias.

Finalizó señalando que en este entorno los gobernantes son los menos indicados para calificar la ética de los medios, pues cualquier observación crítica en este sentido puede rayar en el autoritarismo.

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